El videojuego The Wheelman, desarrollado por Midway y protagonizado por una versión digital de Vin Diesel, ha indignado a la administración del ayuntamiento de Barcelona, ciudad donde se sitúa la acción de este título. Aunque el juego no será lanzado al mercado hasta septiembre, Montserrat Ballarín, concejal de educación en dicho ayuntamiento, ya ha tildado de “reprobable” que se utilice la ciudad como un espacio de violencia y ha añadido que el contenido del juego es “contrario a los valores que caracterizan la ciudad” y a la imagen que intentan proyectar en el exterior.
Si eso fuera todo, sin embargo, no estaría dedicándole una entrada a esta noticia. Lo interesante es que el ayuntamiento planea solicitar un informe jurídico para ver si puede emprender acciones legales con las que retirar este videojuego del mercado.
Tengo tres preguntas para la concejal. Si alguien se las quiere hacer llegar, es libre de hacerlo.
1. ¿Deberíamos emprender acciones legales para censurar o prohibir cualquier trabajo de ficción, sea novela, cine o videojuego, que no ofrezca la imagen de la ciudad que queremos proyectar al exterior? Creo que hace falta ver algo más que un par de trailers para exigir supresión uno de los derechos universales más fundamentales: la libertad de expresión e ideas. Digo todo esto porque la película The Wheelman saldrá a la luz en 2009 y continuará la historia donde la dejó el videojuego.
2. Estamos hablando de Barcelona, una de las ciudades más vanguardistas de Europa en el terreno artístico y tecnológico. ¿Qué puede dañar más su imagen a nivel internacional: un videojuego violento o una administración intolerante que no parece adaptarse a los tiempos y pretende censurar caprichosamente aquello que no le agrada?
3. ¿Cree que los ciudadanos de Barcelona respaldan esta medida? Desde luego no contará con el apoyo de los más jóvenes, y tampoco creo que con el de los más mayores. Al fin y al cabo estos informes jurídicos (no hablemos ya si llevaran el caso a los tribunales) no los va a pagar Ballarín ni otros políticos de su bolsillo, sino que se hará con el dinero de los contribuyentes.
Aunque imagino que el informe jurídico les dirá que están perdiendo el tiempo (y el dinero), imagínense por un momento que los políticos pusieran un recurso que prosperara e impidiera la comercialización del videojuego, o de la película que lo continúa. Si la administración de las demás ciudades siguiera el mismo ejemplo, me temo que toda ficción que contuviera algo de violencia se tendría que desarrollar en escenarios ficticios. Todo un avance para el mundo artístico y la libertad de expresión.
Gracias Jordi por enviarnos esta noticia.
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